El Estallido Social comenzó el viernes 18 de octubre de 2019 en el corazón de Santiago, desatando la mayor oleada de protestas que el país había visto desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990.
En cuestión de horas, cientos de manifestantes levantaron barricadas alrededor del centro de Santiago, obligando a la Carabineros de Chile a responder con cañones de agua y gases lacrimógenos. La situación escaló rápidamente cuando casi todas las 164 estaciones del Santiago Metro fueron atacadas, lo que provocó su cierre total al anochecer.
El detonante inmediato fue el alza de la tarifa del transporte público anunciada meses antes, pero el descontento se había gestado durante años por la creciente brecha entre los sectores más acomodados y la mayoría que enfrenta salarios estancados y una elevada carga de impuestos. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la desigualdad de ingresos en Chile se situaba en un coeficiente de Gini de 0,44 en 2018, uno de los más altos entre los países de la OCDE.
Los jóvenes, los pensionados y los trabajadores informales lideraban las calles con consignas que pedían una reforma profunda del sistema de pensiones, una educación pública gratuita y una salud accesible. El clima de frustración se había avivado también por la percepción de que las élites políticas y económicas, representadas por el presidente Sebastián Piñera, estaban desconectadas de la realidad cotidiana.
Durante la tarde, los manifestantes incendiaron la entrada de emergencia de la sede de Enel Generación Chile, provocando un incendio que dañó gravemente la infraestructura eléctrica del edificio. Simultáneamente, varios vagones del metro fueron quemados; en la estación Universidad de Chile, los vidrios se fundieron bajo las llamas y el olor a metal caliente se extendió por la Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins.
Mientras tanto, una foto del presidente Piñera celebrando el cumpleaños de su nieto en el restaurante Romaría, ubicado en el exclusivo barrio de Vitacura, se volvió viral. La imagen mostró a Piñera con una guitarra en mano, rodeado de familiares, mientras en la otra parte de la ciudad los trenes se incendiaban y la gente caminaba a la luz de sus teléfonos móviles para volver a casa.
Ante la magnitud de los disturbios, Piñera regresó a La Moneda y, a las 22:00 horas, pronunció un discurso televisado en el que declaró la imposición de un estado de excepción de 15 días en 16 regiones, incluida la Región Metropolitana.
El decreto autorizó a las fuerzas armadas —la Ejército de Chile y la Armada de Chile— a patrullar junto a los Carabineros y a imponer un toque de queda en Santiago. Se desplegaron unidades blindadas en la Plaza de la Constitución y en la Avenida Alameda, mientras helicópteros patrullaban los barrios más conflictivos.
El daño material fue cuantioso. Según un informe preliminar del Ministerio de Obras Públicas, la reparación de la red de Metro superó los 30.000 millones de pesos chilenos (aprox. 40 millones de dólares). Además, la quema de la sede de Enel dejó sin suministro eléctrico a alrededor de 150.000 hogares durante varios días.
El impacto social también se tradujo en una oleada de detenidos; la Fiscalía de Santiago informó haber procesado a 1.850 personas entre el 18 y el 21 de octubre. En los días siguientes, el 8 de noviembre, alrededor de 75.000 personas se congregaron nuevamente en la capital, manifestándose contra la represión y pidiendo reformas estructurales. En esa jornada, una iglesia católica en el barrio de Recoleta fue saqueada y su altar incendiado, y la Universidad Tecnológica del Perú en la zona de Plaza Italia fue quemada, simbolizando el rechazo a instituciones percibidas como parte del status quo.
El Estallido Social es, según analistas del Banco Central, la primera crisis de tal magnitud desde el retorno a la democracia en 1990, cuando Patricio Aylwin asumió la presidencia tras la dictadura. A diferencia de los levantamientos de los años 2006 y 2008, que estaban focalizados en demandas específicas del sector estudiantil, el 2019 traspasó barreras sectoriales y convocó a un amplio espectro de la ciudadanía.
Bloomberg, citando fuentes locales, calificó los hechos como "el peor desorden civil en Chile desde la caída de Pinochet". La comparación se basa no solo en la cantidad de daños a la infraestructura, sino también en el número de manifestantes y en la dureza de la respuesta policial y militar.
El estallido abrió la puerta a un proceso constitucional que culminó con la convocatoria de un plebiscito en octubre de 2020, donde más del 78% de los votantes aprobó redactar una nueva carta magna. Asimismo, el gobierno anunció la creación de un paquete de medidas sociales, entre ellas la ampliación de la cobertura de salud y la reducción del pasaje del transporte.
Sin embargo, la confianza en las instituciones sigue baja: encuestas de la Universidad de Chile realizadas en diciembre de 2019 mostraron que sólo el 28% de los chilenos confía en la policía, mientras que el 62% percibe que la brecha de ingresos se ha ampliado. El camino hacia la reconciliación social, por tanto, sigue siendo largo y requerirá de un consenso amplio entre partidos, sindicatos y la ciudadanía.
El 18 de octubre de 2019 marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea de Chile. Lo que comenzó como una protesta contra una subida tarifaria explotó en un movimiento nacional que obligó al presidente Piñera a declarar un estado de excepción y puso en evidencia las profundas desigualdades que persisten tras décadas de democracia. Las cicatrices físicas en la infraestructura y las heridas sociales en la población seguirán recordándonos que el cambio estructural no es una opción, sino una necesidad.
El detonante fue el aumento de la tarifa del transporte público, pero el descontento tenía raíces más profundas: la desigualdad económica, la falta de acceso a educación y salud de calidad, y la percepción de que el gobierno de Sebastián Piñera estaba desconectado de la realidad de la mayoría.
El presidente Piñera declaró un estado de excepción de 15 días en 16 regiones, impuso toque de queda en Santiago y autorizó la presencia de las fuerzas armadas junto a Carabineros para restablecer el orden.
Según el Ministerio de Obras Públicas, la reparación de la red superó los 30.000 millones de pesos chilenos. Además, el sector comercial del centro sufrió pérdidas estimadas en 1.200 millones de pesos por la interrupción del flujo de pasajeros.
El movimiento impulsó la convocatoria a un plebiscito constitucional en octubre de 2020, donde la mayoría votó a favor de redactar una nueva carta magna. También generó un paquete de reformas sociales para atender demandas de salud, educación y pensiones.
Encuestas de fin de 2019 mostraron que sólo el 28% de los chilenos confía en Carabineros, mientras que el 62% cree que la brecha de ingresos se ha ampliado, indicando una desconfianza persistente en las instituciones.
1 Comentarios
Miguel Ramírez octubre 13, 2025
El estallido del 18 de octubre marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Chile, evidenciando la urgencia de reformas estructurales 😊.