El Ministerio Público ha desatado un terremoto en la justicia chilena. En una querella de 71 páginas presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago, se acusa al exfiscal regional Metropolitano Oriente Manuel Guerra de haber operado como un 'caballero oscuro' del sistema judicial entre 2015 y 2021. La denuncia, impulsada por el fiscal regional Mario Carrera, no es solo una acusación más; es un ataque frontal a la integridad de uno de los funcionarios clave que manejó algunos de los casos más sensibles del país.

La noticia llega con un giro inesperado y preocupante: dos jueces asignados para revisar esta misma querella admitieron públicamente haber solicitado favores personales a Guerra mientras este aún ocupaba su cargo. ¿Imparcialidad? Parece que el concepto está bajo revisión.

El acuerdo de favores cruzados

Aquí está el meollo del asunto. Según la investigación, Guerra no actuó solo. Su socio en esta trama fue el abogado Luis Hermosilla, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario por el escándalo de corrupción que lleva su nombre. Los chats recuperados de los teléfonos de ambos revelan una red de reciprocidad espeluznante: información reservada a cambio de beneficios laborales y jurídicos.

Guerra supuestamente entregaba datos estratégicos sobre investigaciones de alto perfil, decisiones administrativas anticipadas y detalles reservados de casos delicados. A cambio, Hermosilla gestionaba salidas alternativas en causas penales, reducciones de cargos y apoyos en procesos judiciales para sí mismo y sus allegados. Es, en esencia, el uso de la función pública para beneficio privado, violando los principios básicos de objetividad y probidad.

Casos emblemáticos manipulados

La querella detalla cómo esta alianza afectó directamente casos de enorme trascendencia nacional:

• Caso Penta (2017): Se acusa a Guerra de maniobrar para excluir querellantes y eliminar cargos de corrupción. Beneficiarios directos incluyeron al senador Iván Moreira, quien obtuvo suspensión condicional del procedimiento, y a defensores como Carlos Alberto Délano, Pablo Wagner y Carlos Eugenio Lavín, quienes lograron reducción de cargos.
• Caso Exalmar: Guerra reveló información reservada sobre imputados, incluyendo al expresidente Sebastián Piñera.
• Investigaciones a Santiago Valdés: Entrega de secretos fiscales y gestión activa en investigaciones por delitos tributarios.
• Caso Vitacura: Trasladó información reservada sobre el exalcalde Raúl Torrealba incluso después de dejar la Fiscalía.
• Caso Huracán: Intervino directamente a petición de Hermosilla, entonces asesor del Ministerio del Interior.

También se menciona la gestión de sobreseimientos para el fiscal Tufit Bufadel y la recomendación de Patricia Manríquez Huerta para un puesto de notaría. En un mensaje textual, Guerra preguntó a Hermosilla: "¿Será posible recomendarla?". La respuesta fue contundente: "Yo puedo. ¿Qué quiere Tufit?".

Un conflicto de intereses judicial

Pero lo que realmente sacudió a la opinión pública ocurrió el 3 de diciembre de 2025. Dos ministros de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Tomás Guillermo Gray Gariazzo y José Pablo Rodríguez Moreno, reconocieron haber pedido favores a Guerra.

Gray admitió que en agosto de 2017 contactó al exfiscal para solicitar apoyo en el proceso de terna para su nombramiento como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Por su parte, Rodríguez confesó que en 2022 acudió a Guerra en dos ocasiones para gestionar su inclusión en ternas para la Corte de Apelaciones de San Miguel. Estas revelaciones surgieron justo cuando se postergaba la revisión de la querella contra Guerra, generando dudas serias sobre la imparcialidad del tribunal encargado de decidir su suerte.

Impacto en la confianza institucional

Este caso no es solo sobre dos individuos; es un síntoma de una enfermedad sistémica. La admisión de que jueces de alta jerarquía recurrieron a un fiscal cuestionado por presuntos delitos graves abre un nuevo capítulo en la crisis de legitimidad del sistema de justicia chileno. La transparencia, pilar fundamental del estado de derecho, parece erosionarse cuando las redes de poder personal se entrelazan con las funciones institucionales.

Mario Carrera concluye en su informe que Guerra "se valió de su posición para favorecer indebidamente a Hermosilla y su red", recibiendo a cambio favores laborales y personales. Esta lógica de reciprocidad discreta operó durante años, lejos de los focos mediáticos pero cerca de las decisiones que afectan la vida de muchos.

Próximos pasos

La Corte de Apelaciones de Santiago debe ahora determinar si aplica medidas cautelares contra Guerra, a pesar de que ya no ejerce su cargo. La jurisprudencia de la Corte Suprema permite esta vía cuando los actos delictivos se cometieron en ejercicio de funciones fiscales. El desafío será mantener la apariencia de imparcialidad mientras se juzga a alguien cuyos vínculos parecen extenderse hasta el propio tribunal que lo juzga.