Cuando Dina Boluarte, Presidenta de la República del Perú se encontró bajo una oleada de críticas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) informó que la marcha de la Generación Z en Lima dejó 18 heridos, entre ellos un periodista y un brigadista sanitario.
El sábado 27 de septiembre de 2025, cientos de jóvenes y transportistas se congregaron alrededor del Congreso de la República, exigiendo la renuncia de los ministros del Interior, Transportes y Justicia, y protestando contra la escalada de extorsiones que azotan al sector del transporte. Lo que comenzó como una manifestación pacífica se tornó violento cuando la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó gases lacrimógenos, balas de goma y barreras metálicas.
En los últimos meses, la aprobación popular a la gestión de Dina Boluarte ha caído por debajo del 30 %, según encuestas de Ipsos. Las protestas de la Generación Z surgieron inicialmente como una respuesta a la falta de diálogo entre el gobierno y los jóvenes, que reclaman mayor participación en decisiones sobre educación, empleo y seguridad. Paralelamente, la Alianza Nacional de Transportistas (ANITRA) había declarado una huelga parcial el 24 de septiembre, bloqueando la Panamericana Norte y Sur.
El 26 de septiembre, aproximadamente 80 unidades de transporte dejaron de circular, mientras los conductores exigían una mesa de trabajo con los portavoces del Congreso para tratar la "ronda de seguridad ciudadana". Este clima de tensión sentó las bases para la masiva movilización del día siguiente.
La jornada comenzó con una caravana que partió de la zona de San Juan de Lurigancho; los vehículos de la compañía La Roma bloquearon la Avenida Wiese en el bloque 7, mientras otras rutas como la Avenida Circulación fueron interrumpidas. A medida que los manifestantes se acercaban al Congreso, la PNP activó los protocolos de control de disturbios.
Entre los heridos, la organización señaló a un hombre de 65 años que recibió un disparo de perdigón en la cara, y a una mujer que sufrió irritación severa tras la exposición a agentes químicos. Además, un periodista de la prensa local fue golpeado por la fuerza del atasco, mientras un brigadista de la Cruz Roja quedó con quemaduras leves por la explosión de una botella de vidrio.
Según el reporte de la CNDDHH publicado después de las 23:00 h, los servicios de urgencia atendieron a los lesionados en el centro de Lima, y varios fueron trasladados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
El vicepresidente de la ANITRA, Julio Campos, denunció que al menos siete jóvenes fueron detenidos por la PNP en los alrededores del Congreso y que los agentes no mostraron disposición para conversar. "Queremos que se respeten los derechos de los manifestantes y que se abra un canal de diálogo inmediato", afirmó.
Por su parte, un portavoz de la PNP informó que uno de sus efectivos resultó con quemaduras leves después de que un manifestante lanzara un cóctel molotov contra los cordones de seguridad. La institución sostuvo que el uso de la fuerza fue proporcional a la resistencia violenta que se presentó.
En redes sociales, la CNDDHH lanzó un llamado a la Fiscalía de Derechos Humanos para que investigue los hechos y garantice la protección de los derechos fundamentales en la próxima manifestación programada para el domingo 28 de septiembre.
El politólogo de la Universidad del Pacífico, Carlos Méndez, explicó que la escalada de violencia indica una pérdida de confianza en los mecanismos institucionales de gestión de conflictos. "Cuando la autoridad recurre a balas de goma y gases, se legitima la percepción de un Estado que no escucha", remarcó.
Una encuesta de la firma consultora Kantar, realizada el 2 de octubre, mostró que el 62 % de los peruanos apoya la entrega de garantías de seguridad para futuras protestas, mientras que el 48 % considera que la respuesta policial fue excesiva.
En el ámbito internacional, observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señalaron que el Perú debe alinearse con los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige la mínima utilización de la fuerza en manifestaciones pacíficas.
Con la convocatoria a una nueva marcha el domingo 28 de septiembre, la presión sobre el gobierno de Dina Boluarte se intensifica. La CNDDHH ha pedido que se suspenda cualquier acción policial anticipada y que se establezca una mesa de diálogo con representantes de la Generación Z y de la ANITRA antes de la jornada.
Mientras tanto, la Fiscalía de Derechos Humanos ha anunciado que revisará los videos de las cámaras corporales de los agentes involucrados, y que presentará un informe preliminar en los próximos cinco días.
Si el gobierno accede a una conversación real, expertos creen que podría desactivar la dinámica de confrontación y abrir la puerta a reformas en los protocolos de seguridad pública. De lo contrario, se corre el riesgo de que las protestas se conviertan en episodios recurrentes de violencia urbana.
Según el informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 18 personas resultaron lesionadas, entre ellas un periodista, un brigadista sanitario, un hombre de 65 años golpeado por un perdigón y una mujer afectada por agentes químicos.
Exigían la renuncia de los ministros del Interior, Transportes y Justicia, una mesa de diálogo para combatir la extorsión en el sector del transporte y mayores espacios de participación para la Generación Z en la toma de decisiones políticas.
La PNP respondió con el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y barreras metálicas para contener la marcha. Además, informó que uno de sus efectivos sufrió quemaduras leves a causa de un cóctel molotov lanzado por manifestantes.
La Coordinadora ha pedido revisar los protocolos de actuación policial, establecer canales de diálogo permanente con los movimientos sociales y que la Fiscalía de Derechos Humanos investigue los hechos para garantizar la rendición de cuentas.
Si el gobierno accede a una mesa de diálogo, podría aliviar la creciente presión popular y evitar más episodios violentos. En caso contrario, la falta de soluciones podría traducirse en un mayor descrédito de la administración de Dina Boluarte y fortalecer la oposición dentro del Congreso.
15 Comentarios
Maria Consuelo Troncoso Heise septiembre 29, 2025
Lamento lo sucedido, la represión no tiene justificación.
Morena Daniela Gallardo septiembre 29, 2025
Resulta increíble que el Estado recurra a balas de goma contra ciudadanos pacíficos, una maniobra que parece sacada de un guion de acción barato, y sin ningún reparo moral, la autoridad se muestra más interesada en el control que en el diálogo.
CATALINA REBECC ROMAN VALENZUELA septiembre 29, 2025
La violencia ejercida el 27 de septiembre en la marcha de la Generación Z es un síntoma claro de la desconexión entre el poder y la juventud peruana. Los jóvenes demandan participación real en la toma de decisiones y no meras promesas vacías que se desvanecen en el viento. Cuando la policía opta por gases lacrimógenos y balas de goma, se envía un mensaje de intimidación que erosiona la confianza institucional. Cada herido, desde el periodista hasta el anciano de 65 años, representa una historia individual que se suma a la narrativa de represión estatal. La presencia de un brigadista de la Cruz Roja entre los damnificados subraya el carácter inesperado de la violencia, donde incluso los protectores de la salud resultan vulnerables. El uso de barreras metálicas y la demolición de las mismas por parte de los manifestantes refleja una lucha simbólica por derribar los muros de la exclusión. En contraste, la respuesta de la PNP, bajo la excusa de la "seguridad", justifica la fuerza con la supuesta resistencia violenta, una lógica que necesita ser revisada. Los informes de la CNDDHH y las observaciones de la OEA evidencian la necesidad de alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos. La falta de un canal de diálogo efectivo ha impulsado a los transportistas a organizar huelgas que paralizan la economía y aumentan la frustración social. Es fundamental que el gobierno de Dina Boluarte abra una mesa de trabajo auténtica, donde la voz de la Generación Z sea escuchada y considerada. La presión popular, evidenciada por la encuesta de Kantar, muestra que la mayoría de los peruanos busca garantías de seguridad sin sacrificar las libertades civiles. Si las autoridades persisten en una política de represión, el riesgo es que las protestas se conviertan en episodios recurrentes de violencia urbana. Por otro lado, una respuesta basada en la negociación y la reforma de los protocolos policiales puede desactivar la tensión y fomentar la confianza. La Fiscalía de Derechos Humanos, al revisar los videos de cámaras corporales, tiene la oportunidad de demostrar transparencia y rendición de cuentas. En última instancia, el futuro de la estabilidad peruana depende de la capacidad del Estado para escuchar, dialogar y respetar los derechos de sus ciudadanos.
Moises Araya septiembre 29, 2025
La situación revela una disonancia estructural entre el aparato coercitivo y el contrato social; la respuesta operativa fue desproporcionada.
Alexis Barriga septiembre 29, 2025
Seguro que hay intereses ocultos detrás de la supuesta "resistencia violenta", quizás actores políticos que buscan desestabilizar a Boluarte para sus propios beneficios.
Daniela Navarrete septiembre 29, 2025
¡Qué horror! La policía disparó perdigones como si fueran confeti en una fiesta y dejaron a la gente herida 😱.
Maria Salinas Sfeir septiembre 29, 2025
Es crucial implementar protocolos de mediación preventiva que integren a la sociedad civil, favoreciendo la gestión de conflictos sin recurrir al uso excesivo de la fuerza.
Jael Valentina Rojas Cardenas septiembre 29, 2025
La escena fue un cuadro de caos y colores, con gases que pintaban el aire y gritos que resonaban como tambores en una marcha de rebeldía.
Francisco Javier Pereira Riquelme septiembre 29, 2025
no veo qeu esto sea nada nvo, siempre la policia sobresaé con su "justificacion" y el pueblo sufre
Jorge Valdivia Guzmán septiembre 29, 2025
Podría haber sido peor, al menos no usaron armas reales.
lucia Amunategui septiembre 29, 2025
¡Amigos! Les comparto algunos datos importantes: según la CNDDHH, 18 personas resultaron heridas; entre ellas, un periodista y un brigadista sanitario; además, se reportaron múltiples detonaciones de gases lacrimógenos; es esencial que la comunidad exija una investigación exhaustiva; la presión ciudadana puede generar cambios reales; mantengámonos informados y solidarios.
Sergio Uribe septiembre 29, 2025
Coincido plenamente con el análisis detallado; la necesidad de abrir un canal de diálogo auténtico es imperativa para reconstruir la confianza entre la juventud y el Estado.
Susana Tapia septiembre 30, 2025
Ah, claro, porque la solución está en pedirle al gobierno que "abra una mesa de trabajo" y ya se van a acabar los balazos, ¿no?
José Tomás Novoa Matte septiembre 30, 2025
En mi consideración, la falta de transparencia en los procedimientos policiales vulnera los principios consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual demanda una revisión normativa urgente.
Cristián Franco septiembre 30, 2025
¡Vamos, generación Z! No basta con protestar, hay que organizarse, exigir respuestas concretas y presionar al gobierno hasta que se implementen reformas reales.